Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará en el mundo editorial mexicano. Casi todos los involucrados en la cadena de la producción de libros —desde los autores hasta los libreros y compradores— manifiestan agrado por la reciente aprobación en el Senado, por unanimidad, de la nueva Ley del Libro y Fomento a la Lectura. Esta medida permitirá que un título específico pueda ser adquirido, al mismo precio, en cualquier parte de la república. En otras palabras, aunque una librería sea pequeña, podrá competir con las grandes por la calidad del servicio que ofrece.
En teoría, por lo menos, esto fomentará la creación de nuevas librerías: muchos empresarios potenciales que deseaban hacerlo antes, no se atrevían porque sabían que los asiduos compradores de libros buscan el precio más bajo, y eso significa hacer la consabida peregrinación a las grandes cadenas libreras que pueden exigir mayores descuentos a las editoriales. Esta guerra de descuentos hizo mucho daño, incluso a aquellas cadenas que la impusieron hace años. Ahora, si la Cámara también aprueba la Ley, no habrá motivo alguno para trasladarse a Miguel Ángel de Quevedo en el sur de la Ciudad, o al Distrito Federal desde cualquier otra parte del país.
Pero hay prietitos en el arroz. Las editoriales de peso completo —en términos económicos aunque no necesariamente en contenido o calidad— consideran que el mayor problema actualmente no son los precios de los libros sino la piratería. Se manejan cifras que giran alrededor del 20 por ciento: uno de cada cinco libros que circulan es pirata. A mí me parece una exageración, pero si tienen razón, en efecto representa un golpe fortísimo para cualquiera que invierte en la publicación de libros nuevos en este país.
Quizá no sea éste el peor problema. Existe la percepción entre un sector importante de lectores y de compradores posibles de libros, de que éstos son muy caros. Durante el Congreso de Libreros Mexicanos, celebrado en Oaxaca a fines de marzo, surgió esta inquietud. Expliqué, pacientemente, que en general los libros tienen el precio justo en función de lo que cuesta manufacturarlos, incluso aquellos producidos por los grandes consorcios. El problema estriba en que el comprador no sabe distinguir entre libros pirateados o saldos —libros descatalogados que están a un paso de convertirse en basura—, y primeras ediciones legítimas. Un libro saldado puede ser bueno, pero su vida comercial ya expiró. Su venta representa una manera de recuperar algo de lo perdido. Y el libro pirata es un artículo robado, pues quien lo hizo no es dueño del contenido.
Ninguna editorial ni librería puede vivir de puros saldos, porque eso significaría que habría cada vez menos primeras ediciones, sin las cuales ni saldos habría. Un libro cuesta, en promedio, entre 100 y 150 pesos. Los mismos que los llaman caros, no protestan cuando deben pagar eso por una comida en Sanborns. Y un libro puede durar 100 años, si lo cuidamos. Ojalá que estas percepciones cambien cuando entre en vigor la Ley y empiecen a pulular, de nuevo, librerías a lo largo y ancho de México.
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